Antony Blinken

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, anunció este miércoles 4 de agosto “una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción” para los países del triángulo norte (Guatemala, El Salvador, Honduras).

De acuerdo con su mensaje, se trata de “una política adicional de restricciones de visas para actores corruptos y antidemocráticos”.

“Este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”, dijo en su cuenta de Twitter.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.), hubo pocos cambios que se distinguen de la política de Trump hacia el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Las principales políticas de EE. UU hacia esta región se pueden aglutinar en tres grandes aspectos: migración, combate a la corrupción y asistencia para el desarrollo.

En el primer semestre del año EE. UU. ha detenido en su frontera sur a un millón de migrantes.

El combate a la corrupción es uno de los grandes pilares de la estrategia de soft power de Biden para América Latina y está plasmada en la Guía Interina de Seguridad Nacional.

En cuanto a la asistencia para el desarrollo, destacan cambios en el financiamiento pero, sobre todo, la articulación de la asistencia con los objetivos del combate a la corrupción.

Juan González, asesor de Biden, mencionó que el objetivo de Biden es crear una “fuerza de tarea” para que el Departamento de Justicia ayude a fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado.

Este objetivo lo acompaña el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Además, pretenden hacer uso de la Ley Magnitsky para “acompañar” el trabajo de las respectivas fiscalías del Triángulo Norte de Centroamérica.

Este es uno de los cambios en tema corrupción, pues ya no pretenden fortalecer a las misiones internacionales que funcionaban a nivel interno como la ya extinta CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras o la CICIES que recientemente fue sepultada por Bukele en El Salvador.

Así, la apuesta política es el uso de leyes estadounidenses (con poder extraterritorial) y asistencia para el desarrollo, enfocada en temas de corrupción para lograr su objetivo.

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