El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, anunció el lunes en conferencia de prensa que la administración de facto de Jeanine Áñez planea expropiar hospitales y cementerios privados en distintas regiones del país sudamericano, para intentar evitar el colapso en la atención médica y funeraria durante el avance de la pandemia del coronavirus.

Por lo pronto, adelantó que la medida afectará al centro de salud Univalle, en la ciudad de Cochabamba, con una capacidad de 120 camas y 20 unidades de terapia intensiva, y el Udabol, ubicado en Santa Cruz, con 400 camas y 100 plazas para cuidados intensos.

«Vamos a comenzar con las negociaciones, seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios, pero no se trata de quitarle nada a nadie. Si se expropia, se da un precio justo», comentó el funcionario, quien ocupó el cargo tras el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.

Sobre los cementerios, se considera una acción similar en caso de que los espacios públicos se saturen ante el aumento de fallecidos por covid-19. «En una semana, si no me equivoco, podríamos colapsar el Cementerio General», advirtió el ministro. Al mismo tiempo, aseguró: «No vamos a permitir que nuestra gente no tenga dónde estar enterrada».

Tras los dichos de Murillo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo: «Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales».

En ese sentido, también señalaron que en caso de expropiar, se debería aclarar la necesidad pública de la acción mediante una ley.

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