La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el lunes al gobierno en disputa de  Nicolás Maduro en Venezuela a que continúe liberando presos políticos, mientras que volvió a señalar al gobierno de Daniel Ortega por violaciones de derechos contra los que disienten en Nicaragua, exhortándole a «reanudar una cooperación efectiva» con su oficina de cara al próximo informe.

Durante la 45 sesión del Consejo de DD.HH., celebrada este lunes en Ginebra, Bachelet dijo además que ha prorrogado por una año más la «cooperación y asistencia técnica» con Venezuela, que permitirá esta vez que más funcionarios de su oficina trabajen dentro de la nación sudamericana en medio de una severa crisis política, social y económica.

«Hago un llamado para que el gobierno (en disputa de Venezuela) continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente», dijo en alusión al reciente indulto de unos 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos, en el exilio o en  la clandestinidad.

Bachelet dijo que «confía en seguir avanzando hacia el establecimiento de una oficina en Venezuela, como amerita la situación y como esperan la mayoría de nuestros interlocutores».

Consultado por la Voz de América, el experto en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas, Félix Arellano, dijo que es «fundamental» la eventual apertura de una oficina de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU.

«No tenerla sería un vacío. Es un instrumento que puede ayudar a los más débiles, porque los poderosos no necesitan una oficina de derechos humanos», indicó el analista.

Nicaragua

Bachelet reiteró que la Ley de Amnistía del 2019 en Nicaragua no ha hecho más que favorecer «la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos».

«Exhorto al gobierno (de Nicaragua) a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el gobierno», dijo Bachelet en su discurso. «Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derecho y la disminución de la polarización existente».

Citando datos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Bachaelet dijo que unas 94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen privadas de libertad y acusadas la mayoría de delitos comunes. Dijo incluso que dos de estas personas fueron recientemente hospitalizadas en «delicado estado de salud».

La pandemia, expuso Bachelet, continúa afectando «una multitud de derechos, incluídos los económicos, sociales y culturales» en Nicaragua. Además recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyectó una contracción de 8,3% a la economía del país, aumento del desempleo y un incremento del 5% del índice de pobreza.

«La respuesta estatal que ha incluído violación a la libertad de expresión y despido de personal médico, requiere mayor transparencia y difusión de la información», dijo Bachelet el lunes.

También expuso que organizaciones de mujeres en Nicaragua han reportado un incremento de feminicidios, y citó la cifra de 50 de estos casos hasta agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo de 2019. Además, dijo, se han documentado 68 tentativas de feminicidios, en comparación con 52 en el mismo periodo del pasado año.

Bachelet además indicó que el gobierno de Daniel Ortega no ha implementado hasta el momento las recomendaciones formuladas en su informe para Nicaragua de septiembre de 2019, incluyendo algunas en materia de reformas electorales e institucionales.

«(Esto) ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones», afirmó. «Insto nuevamente a gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular, en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021».

Bachelet hizo una última recomendación al gobierno de Ortega: «Les insto también a reanudar una cooperación efectiva con mi oficina, incluso autorizando una misión al país, teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este consejo».

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. se refirió a la situación de los periodistas, sin entrar en detalles, pero no hizo referencia a la orden reciente de un juez de Managua de embargar los bienes de la empresa Nicavisión S.A., que representa al medio televisivo Canal 12, crítico del gobierno de Ortega, por una supuesta deuda fiscal que ascendería al medio millón de dólares.

Hasta que Ortega suelte el control, los nicas no serán libres”, dijo el subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en un mensaje de Twitter.

Venezuela

Bachelet actualizó el lunes lo que describió como «la cooperación y la asistencia técnica» entre su oficina y Venezuela. Anunció que el próximo día 23 de septiembre entregará otro informe sobre la situación de los DD.HH. en ese país.

Dijo que «tomó nota» del cambio de medida de prisión por arresto domiciliario para el diputado opositor Juan Requesens y el indulto a otras 110 personas. Los indultos han sido vistos como un modo de intentar «legitimar» las elecciones legislativas convocadas por el gobierno en disputa, y que gran parte de la oposición ve como un «fraude».

«Decisiones como esta contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático», dijo.

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. informó además el lunes que su oficina renovó la carta de entendimiento por un año más.

«El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales», dijo Bachelet sin entrar en detalles. Hasta la fecha, la Oficina de Bachelet está representada por dos funcionarios en Venezuela.

Dijo que a un año de la firma de «la carta de entendimiento», su oficina «ha fortalecido su presencia en Venezuela», incluyendo la cooperación técnica en áreas como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza y un diagnóstico sobre los factores que inciden en el hacinamiento de los centros de detención preventiva.

Informó que han avanzado en el intercambio de información sobre casos individuales y aseguró que el fiscal general del gobierno en disputa se comprometió a «avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y en 35 casos de muertes documentadas por mi oficina en el contexto de protestas».

Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, valora “muy positivamente” la renovación de la carta de entendimiento con la Alta Comisionada.

Resalta que los informes y las recomendaciones de Bachelet sobre la situación venezolana han sido instrumentos “muy valiosos y permanentes”.

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