A prácticamente 8 días que se iniciará la reanudación parcial el del transporte público, los pilotos han denunciado que están siendo víctimas de extorsión por parte de grupos organizados que les exigen la cuota respectiva, como si se tratara de un préstamo o una obligación tributaria.

Según explica Edgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la primera denuncia fue realizada por una ruta de transporte que circula en la Ruta Interamericana y que por seguridad no se precisa cuál es, manifestó que eran víctimas de extorsión y que los pandilleros les habían solicitado «ponerse al día» en las cuotas vencidas desde marzo cuando se suspendió el servicio consecuencia de la pandemia del covid-19.

Según explica Guerra, la denuncia fue tomada el pasado fin de semana cuando la ruta se disponía a participar dentro de los ensayos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social establecidos por el Ministerio de Salud, por lo que prefirieron no hacerlo, por seguridad de los pilotos y evitar más muertes dentro de sus trabajadores.

 

Fabián Juárez de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- detalla que la extorsión al transporte público impacta directamente en la economía nacional, ya que según un informe del Fondo Monetario Internacional -FMI- la afectación de la delincuencia general al Producto Interno Bruto (PIB) podría ser 7%. Esto se ve claramente reflejado en el cierre de servicios y comercios consecuencia de las extorsiones realizadas por bandas criminales.

 

En tanto Karla Campos, coordinadora del área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- indica que por años ser piloto de transporte público es una de las profesiones más peligrosas a ejercer en Guatemala, tomando en cuenta la cantidad de violencia la que se ven expuestos quién es manejan las unidades.

 

 

Por su parte, Lorena Escobar, especialista en temas de seguridad de ASIES, detalla que el descenso en las denuncias que hubo durante aproximadamente 6 meses que fue la suspensión de servicio se derivó a que no había a quién extorsionar por lo que la delincuencia migró a otros focos de víctimas como tiendas de barrio, emprendimientos y pequeños comercios. Escobar resalta que la delincuencia en temas de extorsión nunca se detuvo si no se adaptó derivado de la presencia del covid-19 en el país y agregó que la solución de movilizar a los líderes de distintos grupos delincuenciales de cárcel tendrá un efecto temporal pues es cuestión de tiempo para que se adapten y reanuden la coordinación que suelen realizar desde el interior de los centros preventivos.

Un problema que radica también en la falta de acceso a educación y oportunidades laborales enfatizó.

 

 

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- por medio de Walter Menchú amplia que este efecto era algo previsible pues las autoridades de seguridad en el país nunca han brindado un sistema integral que erradique las extorsiones según indicó menchú de 2018 a 2019 la cantidad de denuncias por extorsión presentadas ante el Ministerio Público aumentaron un 70%.

Por lo que realizó a algunas recomendaciones a las instituciones gubernamentales que velan por la seguridad de los guatemaltecos.

 

 

Finalmente, Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Rutas Cortas, confirma que son rutas provenientes de San Pedro Ayampuc, San Juan Sacatepéquez y algunas rutas provenientes del Sur las que se ven afectadas por este tema. Por lo que esperan que las fuerzas de seguridad brinden la atención necesaria el tema pues tomando en cuenta que las unidades llevan menor cantidad de pasajeros, la vulnerabilidad en las unidades es mayor.

Además indica que para tratar este tema, se solicitó a mediados de agosto se solicita una entrevista con el ministro de gobernación, Oliverio García Rodas, sin embargo, hasta esta fecha no han tenido respuesta alguna.

 

 

 

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