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La embajada de la Federación de Rusia en Guatemala volverá a solicitar al gobierno guatemalteco la extradición de Igor Bitkov e Irina Bitkova, por un presunto caso de fraude, y rechazó cualquier trasfondo político o la utilización de ese caso con otros fines, informó ayer esa misión diplomática mediante una carta enviada a la Redacción de Prensa Libre.

A los Bitkov se les acusa de fraude y quiebra o insolvencia intencional en su país, por lo cual  las solicitudes de extradición de la pareja fueron  enviadas en su momento a las autoridades guatemaltecas, sobre la base de reciprocidad, y que se solicitarán nuevamente.

“Las acciones planteadas contra ellos se basan únicamente en las sospechas bien fundadas, que estas personas cometieron crímenes especialmente graves en el territorio de Rusia, y no tienen ninguna motivación política (además, el señor Igor Bitkov y los miembros de su familia nunca realizaron actividades políticas en Rusia)”, indica el documento.

Politización para evadir

“Se estima que todas las tentativas de politizar el caso de los Bitkov provienen de la intención de estas personas sospechosas, quienes tratan de escapar a la justicia penal en Rusia”, resalta la embajada de la Federación Rusa en su nota.

Agrega que, por la misma razón, la familia Bitkov llegó a Guatemala, país con el que Rusia no tiene tratado de extradición.

“Todos los esfuerzos de la embajada de establecer contacto con los ciudadanos Bitkov para averiguar sus condiciones y necesidades actuales son categóricamente rechazados por ellos y su abogado”, indica la misión diplomática.

Desde el 2009

La embajada rusa en Guatemala explica que, según los resultados de la investigación en el marco de las acciones penales iniciadas en el 2009, 2010 y 2015, se determinó que Bitkov y Bitkova, como copropietarios y gerentes de la “Planta de Celulosa y Papel de Neman S.A.” en el periodo 2000-2008, recibieron préstamos en varios bancos rusos bajo garantía de la “empresa Severo-Zapadnaya de la Industria Maderera S.A”, en la que Bitkov era director general.

En el 2008, bajo las peticiones de los directores generales de las dos compañías, estas fueron declaradas insolventes, lo que permitió terminar el cumplimiento de obligaciones ante las entidades financieras; es decir que la mayoría de los créditos quedó “no reembolsada”.

La carta añade que, ejecutando de hecho la gestión de la “Planta de Celulosa y Papel de Neman S.A.”, Bitkov y Bitkova fueron “personalmente responsables” por la organización de contaduría y observancia de la legislación en la actividad económica de dicha entidad.

“El fraude masivo de fondos de los acreedores y la creación intencionada de la insolvencia artificial (fingida) de la empresa principal de la ciudad de Neman por los cónyuges Bitkov causaron consecuencias graves, como la terminación de facto de la producción, la pérdida de los medios de vida de las familias de los 500 empleados de la planta, el daño material a las instituciones de crédito por más de US$30 millones”, detalla la Embajada.

El caso ha sido utilizado por algunos grupos para criticar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Caso es utilizado de forma mezquina”

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, rompió el silencio en torno a la familia rusa Bitkov, durante la conferencia de prensa en la que el martes se presentaron los casos del Registro de Información Catastral y financiamiento electoral ilícito a FCN-Nación.

Al responder a una pregunta de periodistas, Velásquez afirmó: “No he querido hacer una alusión directa al caso, porque aquí ha habido una utilización perversa del tema”.

Las redes de la Cicig divulgaron ayer el audio en donde el comisionado habla al respecto.

“Personas que no tienen el menor interés en la familia Bitkov, que lo mismo pudiera ser cualquier familia que pudiera ser perseguida o no por los rusos o por los chinos (…) Hay una utilización mezquina de una situación particular para tratar de dirigir todas las acciones descalificadoras hacia la Cicig”, afirmó.

Además, Velásquez aseguró que se trata de un proceso en el que el análisis probatorio que se tuvo para formular la acusación, como lo hizo el Ministerio Público, “es real”, al igual que los hechos que se les  imputan —uso de documentos falsos—.

*Con información de Prensa Libre

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