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“¡Seguimos trabajando!”, dice la portada del XI Informe Anual de Labores de la Cicig, que reúne el trabajo en el año en el que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato, que vence en 2019, por motivos como que representa una amenaza para la paz.

El documento, que se puede descargar en el sitio de www.cicig.org, tiene un apartado relacionado con el financiamiento electoral ilícito y el acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en enero convoca a Elecciones Generales.

La Cicig destaca dos premisas: La libertad de elegir y ser electos en igualdad de condiciones se pone en riesgo desde que la competencia electoral se vuelve asimétrica cuando determinadas opciones políticas recaudan cantidades desproporcionadas de fondos realizando campañas millonarias y la distorsión del sistema trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues muchas veces condiciona la voluntad de los gobernantes.

El ente de la ONU recalcó los casos presentados que acreditan a las organizaciones Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Líder) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El primer capítulo del informe es acerca de la asesoría técnica y acompañamiento al Ministerio Público(MP). Puntualiza la identificación, investigación y persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (Cias).

En el informe de labores del 2017 la Cicig junto con el MP presentaron nueve casos ante los tribunales.

En 2018 fueron 16 casos nuevos:

*Caja de Pandora
*Corrupción en municipalidades y Huehuetenango y Totonicapán
*Traficantes de Influencias
*Odebrecht I
*Comisiones Paralelas
*Manipulación de Justicia
*Transurbano I
*Mario Israel Rivera Cabrera
*Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase II)
*Negocios de la Industria Militar
*Registro de Información Catastral, Caja de Pagos
*Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fase III)
*Seguridad y Transporte
*Construcción y Corrupción (Fase II)
*Corrupción Quetzaltenango
*Seguridad y Transporte
*IGSS Ambulancias (Fase II)

En cuanto a los antejuicios la Cicig planteó 11 casos de los cuales dos fueron declarados con lugar, cinco rechazados y cuatro están pendiente de resolución.

En 2017:

*Gerónimo Martínez Gómez, alcalde de la Municipalidad de Huehuetenango, declarado con lugar.
*Álvaro Arzú -falleció en abril pasado- alcalde de la Municipalidad de Guatemala, fue rechazado.
*Mynor Moto Morataya, titular del Juzgado Tercero Penal, no fue admitido.

En 2018:

*Felipe Alejos, diputado de Todos, en discusión en la CSJ.
*Adrián Rodríguez, fue titular del Juzgado Séptimo Penal, con lugar.
*Marwin Eduardo Herrera Solares, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
*Carlos Rodimiro Lucero Paz, magistrado de Corte de Apelaciones, no fue admitido.
*Ana Leticia Peña Ayala, jueza, en trámite.
*Nineth Montenegro, diputada, en trámite.
*Jimmy Morales, presidente, archivado por el Congreso.
*Óscar Armando Escribá Morales, diputado, en trámite.

En 14 de los casos se llegó a sentencia después de un proceso y el desarrollo de los debates. Hay más de cien las sentencias obtenidas, se lee en el informe. Existen cuatro casos que siguen en juicio, entre ellos el que involucra a Samuel Everardo Morales Cabrera y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, enjuiciados por el  caso Botín en el Registro de la Propiedad.

En la actualidad hay 680 personas procesadas, de las cuales el 40% está en prisión preventiva y el 60% goza de medidas sustitutivas.

La Cicig espera iniciar los debates en los casos Génesis, Municipalidad de Chinautla: Un negocio de familia; Cleopatra, Secuestro de Retalhuleu y Lavado y Política. Se prevé que comenzarán en enero de 2019.

Los “Net Centers”

La Cicig detalla que existe una campaña “organizada” contra los actores que lideran y apoyan la lucha contra la corrupción. Desde 2016 y durante el año del informe se desplegó en las redes sociales una campaña con las denominadas noticias falsas.

Las víctimas son operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas y, el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga casos de corrupción.

“El objetivo de la campaña es desacreditar los avances en la lucha contra la corrupción y amedrentar a aquellos que la impulsan”, se lee en el documento de la Cicig.

Detalles

Un análisis de la Cicig adelantó que seis de cada 10 usuarios que apoyan la lucha anticorrupción contrasta con la cantidad de tuits medidos en unidades contra el combate a la corrupción e impunidad.

“La cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor de la Cicig son menos, pero su intervención en redes (sociales) es mayor”, especifica el informe.

La Cicig hizo un análisis de las cuentas de los “net centers”. “Son usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable”.

Los perfiles reportan actividades “estrictamente vinculadas a su contenido de campaña negativa: estos son los conocidos netcenter”, agrega el documento.

Los “net centers” crean múltiples cuentas de redes sociales. De esta manera se pueden crear tendencias de opinión que no representan la real opinión de la población guatemalteca, informó la Cicig.

“Los netcenter, escondidos en el anonimato, siguen pautas de un relato construido a nivel central que luego replican en contra al combate a la impunidad”, explica.

Un usuario puede tener un crecimiento falso de cinco a 10 usuarios falsos por día, lo que resulta el crecimiento de 150 a 300 seguidores por mes.


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