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Líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, algunos sentenciados por varios asesinatos y calificados de alta peligrosidad, habrían escapado pagando sobornos por Q2.1 millones para no dejar rastro.

Las puertas de dos de las cárceles de máxima seguridad del país se abrieron para liberar a 14 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) y cuatro más del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes 1.

Los primeros interrogatorios efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) reportan que 14 de los 18 pandilleros pagaron Q150 mil, cada uno, un total de Q2.1 millones, para salir tranquilamente por la puerta principal de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. De los que escaparon de Fraijanes 1, en el departamento de Guatemala, no hay registro.

 

Rudy Esquivel vocero del Sistema Penitenciario, indicó que en su momento se reubicó el recurso humano afectado y la información pertinente a la investigación se traslado al Ministerio Público.

 

Esquivel mencionó las medidas que han tomado las autoridades para evitar que estos hechos se repitan.

 

Caso

Los policías y guardias no encontraron túneles ni perforaciones en las paredes. Los candados y las cadenas de las puertas tampoco fueron destruidos. La hipótesis principal en los informes de análisis del Sistema Penitenciario es que existió complicidad de las autoridades de turno.

Durante los operativos contra extorsiones organizados en el primer semestre del 2016, agentes y fiscales detectaron que algunos de los pandilleros detenidos en distintas acciones se habían fugado. Habían vuelto a las calles días después de que ellos mismos los habían esposado.

Por esa razón, en junio de ese año se pidió a Presidios efectuar requisas en los dos centros carcelarios y participar en ellas. Fue así como confirmaron que 18 pandilleros, acusados principalmente de asesinato y extorsión, ya no estaban en sus celdas. Las fugas, hasta entonces, no habían sido reportadas porque en las cárceles era normal que los mismos reclusos hicieran el recuento entre sí y administraran las llaves del sector.

Salvatrucha

Ni la PNC ni Presidios lograron establecer la  fecha exacta y cómo salieron de El Boquerón los 14 reos, solo que las fugas fueron detectadas en 2016, en tres sucesos distintos: una requisa en junio, otra en octubre y porque los reclusos no comparecieron a las audiencias judiciales.

La investigación comenzó cuando agentes de la PNC se encontraron en las calles con algunos de los pandilleros que hacía años o meses habían atrapado y que debían estar presos.

Estos policías conocen los nombres y  apodos de todos los pandilleros, como si fueran parte de la estructura, y por eso reconocerlos les resultó fácil. Los investigadores han dedicado buena parte de su vida a la persecución de este tipo de perfiles delictivos (extorsionistas, sicarios, asesinos, etcétera), por eso dieron aviso a sus superiores e insistieron en la urgencia de requisar el penal.

“Dentro de los análisis de la Unidad de Inteligencia y nuestra Unidad de Análisis Criminal (…) quedó en claro que había presos que tenían que estar en la cárcel pero que fueron recapturados en las calles. Esto nos mostró la necesidad de

retomar el control en las cárceles”, explicó Nery Ramos, quien para entonces era el director general de la PNC.

El 17 de junio de 2016 se hizo la primera requisa. En esa ocasión se detectó que los fugados eran José Estuardo Jumique Contreras, acusado de asociación ilícita por integrar la clica Coronados Locos, a la que se le atribuyen nueve asesinatos; Frank Lee Espinoza Andrade, acusado de femicidio; Édgar Geovany Herrera Zúñiga, acusado de homicidio y lesiones graves; y Daniel Armando Muñoz García, imputado  por homicidio y asesinato en grado de tentativa. Todos de la MS.

En ese momento, el MP informó a los medios de comunicación que sospechaba de la fuga de 15 reos en El Boquerón, pero hasta ese momento Presidios solo reportó la ausencia de cuatro.

El entonces director de Presidios, Carlos de León Zea, dejó constancia de la fuga en un memorial, y un mes después de la

requisa, el 15 de julio, presentó la denuncia en el Ministerio Público. En esta incluyó a los cuatro reos  de la MS, a ocho guardias y siete empleados más asignados a esa cárcel como el director, subdirector y  alcaide, entre otros.

La copia de la denuncia presentada por De León, a la que tuvo acceso este matutino, tampoco consigna más detalles del escape.

“Nosotros tomamos posesión en agosto de 2017, pero le hemos dado seguimiento a las denuncias. Lo que sabemos es que en El Boquerón y en otras cárceles como F1, en las que se encuentran pandilleros, no se tenía control. A tal extremo que no se hacían los conteos, o los voceros —de los sectores— eran quienes decían ‘habemos 600 y tantos’, y cuadraban la cantidad”, explicó Érick Cárdenas, actual subdirector del Sistema Penitenciario.

La segunda requisa

Eran las 5.03 horas del miércoles 5 de octubre de 2016. Entre agentes de la PNC y de Presidios sumaban 580 personas. Todos entraron a la cárcel El Boquerón comandados por comisarios, fiscales y auxiliares de Derechos Humanos. Llegaron con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas.

El patio del penal pronto comenzó a llenarse con los reclusos de los tres sectores en que compone el lugar. Los dividieron en grupos de cinco, para identificarlos por medio de los dispositivos MI3, que verifican las huellas digitales. Tomaron fotografías de sus rostros, para dejar un fichaje más ordenado y así actualizar la base de datos, según narra uno de los oficios de la Unidad de Análisis de Presidios que se tuvo a la vista.

Este registro confirma  que varios reos habían vuelto a las calles para delinquir y que hasta entonces Presidios no había reportado o no se había percatado de estas ausencias.

En ese operativo se detectó que, además de los cuatro ausentes en junio, ocho reclusos más no se encontraban en el lugar.

Los ausentes eran Luis Alberto Franco, Josué David Pacajoj Márquez, Jairo Daniel Batén Hernández y Léster Waldemar Aguilar Oajaca; la mayoría sindicados por asesinato y extorsiones, entre otros delitos y también miembros de la MS.

Entre los fugados se encontraban,  además, Carlos Antonio Roldán Vásquez, líder de la clica Little Malditos Locos y que cumplía una condena de 186 años por varios asesinatos, extorsión y otros delitos; Marlon Rolando García López, integrante de Vatos Locos y condenado a 295 años de prisión por nueve asesinatos y otros delitos; Víctor Antonio Landaverde Portillo, líder de la MS en Retalhuleu y acusado de asociación ilícita y posesión ilegal de armas de fuego; y Rudy Francisco Quiroa, alias el Destructor, sospechoso de haber coordinado la fuga y acusado de haber asesinado a seis mujeres y dirigido extorsiones en dos sectores de la zona 1 capitalina.

*Con información de Prensa Libre


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