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En un hecho histórico, un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a diez años de prisión al expresidente Tony Saca, procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros, informó la Fiscalía General.

Saca, de 53 años, se convierte así en el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción.

El exmandatario también fue condenado a responder civilmente por 260 millones de dólares de los más de 300 millones que la Fiscalía asegura que la red de corrupción sacó de los fondos públicos.

“Estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha impuesto a los imputados, así como la responsabilidad civil”, dijo el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez.

El fiscal confirmó también que el exmandatario tendrá que regresar al Estado 260 millones de dólares.

“Consideramos que es muy justo lo dispuesto por el tribunal, ahora (Saca) tendrá que responder también por esa pena de carácter civil”, agregó Cortez, quien también confirmó que el caso “Destape a la Corrupción” no queda cerrado con la condena de Saca. “Vamos a fortalecer las investigaciones que están en curso de cara a las responsabilidades civiles que pudieran tener otras personas tanto naturales como jurídicas”.

El jefe fiscal informó que los defensores de los imputados pueden recurrir a una instancia superior para determinar si se ratifica o se modifica la sentencia sobre la responsabilidad civil.

Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencia, fueron juzgados por formar parte de la red de corrupción que él habría diseñado. El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse al juicio ordinario.

Elmer Charlaix, exsecretario privado; César Funes, exsecretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, aceptaron su culpabilidad.

El exmandatario y Charlaix fueron procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por los que podrían haber recibido hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado con la fiscalía lograron una pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero. Funes y Rank recibieron cinco años de cárcel por lavado.

Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, fue condenado a tres años de prisión por peculado.

Pablo Gomez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, acusado también de lavado de dinero y peculado, que no aceptó declararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo que decidió someterse al juicio ordinario y recibió una condena de 16 años de prisión.


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