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Este día en la sesión plenaria, el Congreso aprobó reformas al Código Penal que protege a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y aumentó a 10 años de prisión las penas que pueden ser conmutables, es decir, pagar en lugar de ir a prisión.

 

Los diputados hicieron está “jugada” después de la sesión solemne para conmemorar el 196 aniversario de la independencia de Guatemala.

Luego de forma sopresiva, varios diputados presentaron una moción para alterar la agenda. Esto traba de “reformar” el delito de financiamiento electoral ilícito de los partidos políticos.

La moción estaba firmado por los diputados Javier Hernández, de FCN-Nación; Orlando Blanco, de la UNE; Alejandro Carrillo, de Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana.

La iniciativa fue aprobada en un único debate al ser admitida como de urgencia nacional. 105 diputados votaron a favor y 19 en contra.

Las reformas al delito de Financiamiento electoral ilícito

Así queda el artículo 1 del Decreto 14-2017 reforma el artículo 407 “N” del Código Penal

Comete el delito de financimiento electoral ilícito, quien reciba o proporcione recursos para el financiamiento de organzación política, con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades delictivas del crimen organizado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez años (10) y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

Con la reforma, no se investigarían los recursos obtenidos mediante lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, como se establecía en el artículo 407 “N” antes de ser modificado.

La reforma también exime de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos que incurran en financiamiento electoral no registrado o anónimo, y ahora se perseguirá a los contadores de las organizaciones.

Ahora, el artículo 407 “O” establece que comete delito de financiamiento electoral no registrado el contador de la organización  política, quien teniendo conocimiento del origen de los aportes, no los registre en los libros contables.

El responsable del delito será sancionado con prisión de uno a tres años y le corresponderá al Tribunal Supremo Electoral presentar la denuncia penal respectiva.

El financiamiento electoral anónimo fue agregado mediante el artículo 407 “P”, el cual establece que comete ese delito la persona individual o jurídica que realice aportaciones de manera anónima, y que el responsable será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa del 20 por ciento del monto aportado.

Fotografía: Prensa Libre


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