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Hoy en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, en operativos conjuntos y coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ejecutaron órdenes de allanamientos y captura, autorizadas por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, a las siguientes personas y lugares:

ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA O DIGITAL DE LAS EMPRESAS:

Protección Metropolitana, S.A.

Security Professional Systems, Sociedad Anónima/Seguridad y Sistemas.

Seguridad, Control y Vigilancia, S.A.

Protección Élite De Guatemala/Seguridad y Protección Total S.A.

Investigaciones y Seguridad Profesional I.S.P.

ORDENES DE APREHENSIÓN:

CARLOS ROBERTO PAZ REYNOSO: Captura ejecutada.

CARLOS HERLINDO QUINTANILLA VILLEGAS: Captura ejecutada.

MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR: Orden de captura pendiente de ejecutar.

OSCAR ALEJANDRO ROSSI ARCHILA: Captura ejecutada.

OTTO RENÉ BERNAL OVANDO: Captura ejecutada.

ANTONIO PICHÉ RUIZ: Orden de captura pendiente de ejecutar.

REINA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ: Captura ejecutada.

ROBERTO ANTONIO ROBLES REYES: Orden de captura pendiente de ejecutar.

EDGAR ROLANDO MÉNDEZ MORALES: Orden de captura pendiente de ejecutar.

EDIE RODOLFO JIMÉNEZ MIJANGOS: Orden de captura pendiente de ejecutar.

LUIS ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ: PRÓFUGO desde febrero 2018.

RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO: PRÓFUGO desde febrero 2018.

CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN:

JUAN MIGUEL BERNAL RAMOS

El caso

En el marco de las investigaciones del Caso Trasurbano, y luego de presentadas a principios de 2018 las irregularidades vinculadas al sistema de pre-pago, se profundizó sobre el manejo del subsidio de seguridad de este sistema de transporte.

Durante el año 2008 y 2009 (período que abarca la investigación inicial), personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público TRANSURBANO a funcionarios de la Administración del gobierno de Álvaro Colom. Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del año 2008 y todo el año 2009, inclusive.

Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado más de ochenta millones de quetzales para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto.

La estructura criminal

Una vez asignados los recursos del gobierno nacional al subsidio a la seguridad en el transporte público, personeros de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad).

La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.  Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

La investigación señala que tanto miembros de AEAU y Protección Metropolitana S.A. tenían pleno conocimiento de la causa y actuaron en connivencia para montar el “Proyecto de Seguridad en el Transporte Público” en beneficio de la estructura criminal integrada por ellos mismos.

Es de hacer notar que el Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q80,119,000.00, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción de Q17,700,000.00 por parte de la estructura criminal.

La investigación determina que los recursos económicos fueron utilizados por la estructura criminal para la compra de bienes inmuebles y aeronaves.

Este caso devela una trama de corrupción en el servicio de seguridad en el transporte público, aspecto fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía.


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